“Entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, la gran masa irredenta, a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor y más digna y más justa; la que está movida por ansias ancestrales de justicia por haber padecido la injusticia y la burla generación tras generación, la que ansía grandes y sabias transformaciones en todos los órdenes y está dispuesta a dar para lograrlo, cuando cree en algo o en alguien, sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma, hasta la última gota de sangre…”. Fidel Castro, del Libro “La Historia me absolverá”/ 1973, pág. 63-65.

Referentes teóricos e históricos sobre la concepción del Estado Heredado: al Poder Popular.

           

            Para comenzar este análisis nos referimos en primer término, a la relación que debe existir entre - Pueblo y Estado -, apoyándonos en la definición de pueblo plasmada por Fidel Castro, con motivo de lo que marcó el inicio la revolución Cubana, pues esta recoge, la inspiración de tantas luchas emprendidas por los distintos pueblos de Latino América, en aras de lograr la independencia y la libertad, tal afirmación, en el caso de Venezuela, nos sirve para orientar los planteamientos acerca de la concepción de ambos, y la acepción que se le da a estos en distintos períodos de tiempo vividos en Venezuela, en donde el Estado ha pasado por cuatros momentos esbozados por Luis Brito García, en las líneas preliminares del libro Del Estado Posible: crónicas de una revolución, escrito por Miguel Ángel Pérez Pirela, y los califica como: el Estado Colonial -primer Estado-, el de la República Oligárquica -segundo Estado-, El Central -tercer Estado-, El Bipartidista -cuarto Estado-, enmarcados estos, en el proceso político del Estado Liberal de Derecho.

            Iniciamos entonces el recorrido histórico, por la caracterización del Estado Liberal de Derecho, apoyándonos en la descripción de Pérez Pirela (2010), quien nos explica que, el <Estado Contemporáneo: Paternalista – Liberal>,   en las Democracias occidentales, presenta características comunes expresando lo siguiente:

“Dicho Estado en sus propuestas políticas aplica de más en más un mínimo de redistribución social y de intervención en el mercado, y un máximo de intervención policial y procesos jurídicos; esta corriente viene catalogada como «liberal» en cuanto, estableciendo un mínimo de intervenciones en el plano de los cambios económicos, da lugar al crecimiento del mercado privado y, por ende, al incremento del capital privado. Desde este punto de vista el Estado se presenta como un Estado débil. El problema está en que por otra parte se desarrollan políticas estatistas que presuponen una exagerada intervención estatal, y que se ven reflejadas en la acción contra la inseguridad, a través de políticas de mano dura policial y de leyes fuertemente punitivas que hacen del Estado un Estado fuerte. Los proyectos de privatización de la educación ofrecen, por ejemplo, ventajas a los intereses individuales, obligando al Estado a no encaminar políticas perfeccionistas miradas a «educar ideológicamente» a los individuos, lo que para el libertarismo significaría dejar intactas sus libertades. A través de estas medidas el Estado sería entonces de nuevo Estado débil. Pero por otra parte vienen invertidas grandes cantidades de dinero para preservar las «garantías» en relación a la «soberanía del Estado», a través de la compra o producción de armas de guerras y la puesta en práctica de duras políticas de inmigración, medidas a través de las cuales los individuos y el mercado son asegurados contra el peligro de una inestabilidad que venga del exterior. Podemos decir, sin lugar a dudas, que estas medidas hacen y presuponen entonces un Estado fuerte. Podríamos hablar entonces de un proceso contemporáneo a través del cual nos vamos acercando cada vez más a la creación de una definición de Estado que en sí misma posee dos términos aparentemente incompatibles: liberalismo paternalista”. (Op.cit. pág.6-7)

            En este sentido, el origen del Estado Venezolano, estuvo signado por la crisis entre el Estado - Fuerzas Armadas - Economía, ya que, la historia sociopolítica se mueve entre lo civil, lo militar, y la aplicación de medidas económicas que trajeron como desencadenante, aquel 18 de febrero de 1983, el primer despertar de la conciencia del pueblo, en lo que se llamó el “Viernes Negro”, momento en el cual, según Pérez Pirela (2010), “dicho Estado, a través de su histórica economía monoproductora de petróleo, favoreció la desproporcionada importación, el abandono de las tierras y el éxodo rural a las grandes ciudades, conformando eso que hoy son llamados los «barrios». Nacieron entonces las zonas de extrema pobreza y con ella una delincuencia que no ha hecho más que fortalecerse con el pasar de los años”. Otro hecho que también marca un hito en la historia contemporánea de Venezuela, es el Caracazo, en 1989, durante el período de gobierno de Carlos Andrés Pérez, y “las causas que lo determinaron tenían que ver con la aplicación de una receta de tendencia neoliberal, cuya punta de lanza fue precisamente el aumento de la gasolina. Se debe notar que ni el gobierno, ni el parlamento, ni los partidos políticos, tomaron en cuenta el fenómeno en sus verdaderas magnitudes. Hubo una especie de modus operandi por parte de la institucionalidad que consistió en hacer todo lo necesario para aplacar, en el menor tiempo posible, la revuelta popular. (p. 11)

            Estos hechos condujeron, a ese Estado opresor-represor, a ejercer todo su poderío en contra de los <movimientos alternativos> y, por ende en contra del pueblo; esto nos conduce a pensar que uno de los principios fundamentales del Estado Liberal de Derecho, radica en su carácter opresor-represor, poniendo a las fuerzas armadas en contra del pueblo, - como si ellas no fueran parte del mismo pueblo-. Sin embargo, más adelante, otro hecho ocurre en 1992, cuando un grupo de militares liderado por Hugo Chávez, “perpetran una intentona de golpe de Estado”, con el que, “más allá de atacar el gobierno de turno, se trata de mermar un sistema estatal desgastado, corrupto e ineficiente”. (Pérez Pirela, 2010:12).

            Se pueden reseñar algunos aspectos específicos del Estado Liberal de Derecho, basándonos en lo señalado por Pérez Pirela (2010), entre los que podemos mencionar en resumen:

·         La burocracia y la ineficiencia, así como, la corrupción existente a lo interno, determinadas por un Estado buro-crático  y tecnó-crata.

·         La economía liberal, fundada en la mono-producción del cacao y café, que pasa drásticamente a la explotación del petróleo como única actividad económica, trayendo consigo el abandono del campo y la migración de la población a las ciudades, en especial a Caracas y Maracaibo, así como consecuencias que aún hoy (2012) nos afectan, entre ellas los cinturones de pobreza y la delincuencia.

·         La existencia de un individuo redimido de las amarras estatales.

·         La mezcla entre un Estado débil y un Estado Fuerte, liberal y conservador, definido como - liberalismo paternalista-.

·         La aplicación de políticas de control judicial y policial, convirtiéndolo en un Estado violento y represor.

·         La indiferencia de la Sociedad por la vida política, “déficit de conciencia política que comenzó a socavarse a partir de los años ochenta”.

·         La Existencia de una Realidad Paralela y una Realidad Simbólica, que se traduce en un Estado Mediatizado.

            El diálogo entablado en este análisis, con Pérez Pirela (2010), nos lleva también a resaltar, la definición  que este hace sobre el término Pueblo vinculándolo estrechamente con la noción de Identidad, éste “sería un común denominador que hace «idénticos» a los habitantes de un territorio determinado”. Pero el mismo autor señala otros significados de la misma palabra, y lo vincula  con <clase social>, “…El pueblo sería desde esta perspectiva la clase más baja de la pirámide económica: pueblo como oposición a la burguesía…” La palabra pueblo es utilizada también, “en tanto que pequeña conglomeración o asentamiento humano. Pueblo bajo esta definición sería lo opuesto a la ciudad” (p.18).

            Una vez establecidos los referentes teóricos e históricos, descritos anteriormente, pasamos a lo que hoy (2012), conocemos como el Estado Social  de Derecho y de Justicia, descrito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), y que describiremos hasta llegar al proceso Revolucionario de Transición hacia el Socialismo.

            Pérez Pirela (2010), plantea elementos que se relacionan con la noción de - Clase Media, “que parte de una realidad de facto, creando sin más una realidad de orden simbólico”, que se rompe cuando la clase pobre – que era mayoría-, a diferencia de la –pseudo clase media-, logra percibir las “diferencias de clases”, y comienza a tener conciencia de las diferencias de facto (determinada por el sentido de pertenencia) , y pasa a, “crear alternativas visiones políticas heterogéneas y radicales, que criticaban y refutaban el Pacto de Punto Fijo como fundamento de una única clase política dividida en dos partidos tradicionales (AD y COPEI).” (p.27).

            Otro de los momentos del Estado venezolano, estuvo signado por el “Síndrome del Bipartidismo”, período que sirve para medir las tendencias políticas con: “el referendo del 15 de agosto y las elecciones del 31 de octubre de 2004” (Pérez Pirela, 2010:35). Estos hechos nos muestran una de las principales características del Estado Social de Derecho y de Justicia, que se basa en el principio de la Pluralidad de tendencias políticas. Y que en el debate político, el mismo autor esboza, “una conclusión apresurada, que muchos han extraído de esta importante derrota de la oposición venezolana, es que hoy el país no posee una verdadera oposición democrática contra Hugo Chávez y su coalición. La conclusión hubiera podido ser acertada si el 31 de octubre de 2004 no hubiera sido precedido por el referendo del 15 de agosto del mismo año: hasta la primera de las fechas la oposición había demostrado ser fuerte gracias a los 4 millones de votos que obtuvo. Los resultados de estos dos comicios nos hablan más bien de una oposición que no supo hacer su trabajo, que no convenció al electorado y que, incluso, lo alejó”. Este Estado también se centra en un paradigma que Pérez Pirela, considera como,  “una democracia, con un reto, basado en la creación de una sociedad fundada en una real confrontación política de sus partes” (p.45).

            Según lo previsto en la Constitución de 1999, en los artículos del 5 al 7, se caracteriza el Estado Social de Derecho y de Justicia, cuyos valores supremos del Estado Venezolano, “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

            Y como fines establece que el Estado debe velar por la “defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados” en la Constitución, para lograr dichos fines se plantea la educación y el trabajo como procesos fundamentales, para alcanzar los objetivos.

            Se expresa que “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Y que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

            Deja ver este articulado que “los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. La carta Magna, a su vez establece que “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Siendo la Constitución “la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico”. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público estarán sujetos a la misma.

            En el 2007, la propuesta de una Constitución Posible, se da como un proyecto alternativo que surge de la idea del presidente Hugo Chávez, para impulsar además, los objetivos trazados en el Primer Plan Socialista o Proyecto Simón Bolívar 2007-2013; en esta dirección se apunta que, “la responsabilidad monumental de reformar la Carta Magna debe ser amparada y fundamentada no solamente en sólidas bases teóricas, sino también históricas. Ello se hace todavía más imperativo si dicho proyecto de reforma se inscribe en un proceso revolucionario” (Pérez Pirela, 2010:49). El mismo autor presenta una interesante reflexión realizada por Salvador Allende, el 5 de noviembre de 1970, sobre el cambio de la Estructura del Estado Chileno y la definición de Poder Popular, que se relaciona con la realidad venezolana, y que a continuación citamos sus palabras:

“Yo sé que esta palabra Estado infunde cierta aprensión. Se ha abusado mucho de ella y en muchos casos se la usa para desprestigiar un sistema social justo. No le tengan miedo a la palabra Estado, porque dentro del Estado, en el Gobierno Popular, están ustedes, estamos todos. Juntos debemos perfeccionarlo para hacerlo eficiente, moderno, revolucionario

….

Poder popular significa que acabaremos con los pilares donde se afianzan las minorías que, desde siempre, condenaron a nuestro país al subdesarrollo. Acabaremos con los monopolios, que entregan a unas pocas docenas de familias el control de la economía. Acabaremos con un sistema fiscal puesto al servicio del lucro que siempre ha gravado más a los pobres que a los ricos. Que ha concentrado el ahorro nacional en manos de los banqueros y su apetito de enriquecimiento. Vamos a nacionalizar el crédito para ponerlo al servicio de la prosperidad nacional y popular. Acabaremos con los latifundios, que siguen condenando a miles de campesinos a la sumisión, a la miseria, impidiendo que el país obtenga de sus tierras todos los alimentos que necesitamos. Una auténtica reforma agraria hará esto posible. Terminaremos con el proceso de desnacionalización cada vez mayor de nuestras industrias y fuentes de trabajo, que nos somete a la explotación foránea. Recuperaremos para Chile sus riquezas fundamentales. Vamos a devolver a nuestro pueblo las grande minas de cobre, de carbón, de hierro, de salitre.” (Pérez Pirela, 2010: op. cit.p.50-51).

           

            Partiendo de dicha reflexión, y con base en las interrogantes que realiza Pérez Pirela, sobre el caso de los banqueros y la situación agraria, y sus planteamientos sobre el tema de la propiedad, la reelección y la nueva geometría del poder, la realidad específica de Venezuela, nos deja ver que algunos de estos cambios ya se han dado, y que aunque no se logró la aprobación de la reforma constitucional, el gobierno nacional, ha acometido importantes acciones para la consecución de un Estado de Transición, revolucionario, teniendo como premisa que, el Poder resida en las manos del Pueblo y que, “este poder es, nada más y nada menos, que una puerta abierta para que el pueblo pueda tomar el lugar político que le corresponde”. (p.52).

            Referencias bibliográficas:

·         Pérez P. Miguel A., (2010) Del Estado posible. Crónicas de una revolución. Caracas. Ed. Monte Ávila.

·         Fidel Castro, (1973). La historia me absolverá. La Habana. Ed. De Ciencia Sociales.

·         Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Publicada en Gaceta Oficial del jueves 30 de diciembre de 1999, Número 36.860)